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El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, sostuvo que sólo para cerrar el año, se requieren al menos dos mil millones de pesos urgentes, pues las finanzas de la entidad son un desastre.

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El mandatario estatal informó que ya solicitó un crédito de corto plazo a la Federación por mil 800 millones de pesos, con garantía de las participaciones del año próximo.

Eso significa que no se podrán realizar el próximo año varias obras públicas, porque el dinero se necesita sólo para cerrar la administración anterior, añadió.

Explicó que había informado al Ejecutivo federal que enfrentaba un déficit de cuatro mil 200 millones de pesos, “pero debo rectificar; porque en una primera revisión de 72 horas, el déficit asciende ya a siete mil 207 millones de pesos, porque el gobierno está en bancarrota”.

Esto es, que el gobierno está quebrado y, como ejemplo, señaló que de las dos mil 300 patrullas de la entidad, casi mil carecen de mantenimiento y de las restantes, sólo hay gasolina para la mitad. Es decir, no hay dinero ni para ponerles gasolina.

Corral Jurado señaló que las primeras revisiones demuestran que en el último día del anterior gobierno, se le hicieron pagos cuantiosos a varias empresas que no acreditaron haber vendido bienes o prestado servicios al gobierno del estado.

Sin embargo, dijo que como gobernador no le puede dejar de pagar a los maestros (52 por ciento de la nómina estatal) ni a los policías (25 por ciento), ni al resto de los trabajadores de la entidad, por lo cual ha solicitado ya la ayuda de la Federación.

Adelantó que si es necesario, vendrá a la Ciudad de México a negociar con los diputados dinero para la entidad, porque no se pueden dejar de cumplir los compromisos.

Además, advirtió que se están preparando investigaciones serias, sólidas, con respeto a la ley, al debido proceso e incluso a las garantías de los justiciables, para determinar cómo ocurrieron los hechos ilícitos que presumiblemente cometió su antecesor, César Duarte Jáquez.

Hay conductas ilícitas como enriquecimiento inexplicable, ejercicio indebido de la función pública, desvío de recursos, uso indebido de facultades, entre otros, que presumiblemente habrían cometido el exgobernador y otros integrantes de su equipo de trabajo, señaló.