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El desalojo en la Plaza de La Ciudadela por la Delegación Cuauhtémoc para retirar de la vía pública a personas en situación de calle y vendedores ambulantes, es violatoria de los derechos humanos, consideró Elizabeth Mateos.

La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en la Asamblea Legislativa del Distrito Fedderal (ALDF) consideró ese acto como un acto de barbarie, ultrajante, que no debe quedar impune.

Reprobó el doble discurso que, dijo, distingue a las autoridades de dicha demarcación y a militantes del partido Morena, que con sus palabras dicen proteger y trabajar por el pueblo pero que en los hechos discriminan, excluyen y lesionan los derechos de los más desprotegidos.

La diputada local indicó que los desalojados son personas en situación de calle que no cuentan con un techo seguro para pasar la noche y realizar sus necesidades más básicas.

Señaló que la Delegación Cuauhtémoc, gobernada por Morena, debe explicar las acciones realizadas el 21 de octubre, con las que violaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene un reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos las personas, sostuvo.

La también vocera de la fracción del Partido de la Revolución Democrática se unió al rechazo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que lamentó las acciones de “limpieza social” que opinó han impulsado las autoridades de esa jurisdicción.

Añadió que esas decisiones avalan prejuicios que estigmatizan y estereotipan a quienes viven en la vía pública y contravienen el contenido del Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras.

Mateos Hernández aseguró que se mantendrá atenta al curso que se dará a la queja con la que cuenta la CDHDF sobre los hechos ocurridos en La Ciudadela y una más por la amenaza de un segundo retiro de población callejera en las calles de Humboldt y Artículo 123, por lo que dicho organismo ha emitido medidas precautorias.

La asambleísta respaldó igualmente la exigencia del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), que solicitó a la delegación información detallada sobre el desalojo, en la que especifiquen las causas por las que se llevó a cabo.

Asimismo, pide explicaciones sobre el procedimiento para efectuarlo y cómo se observó el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras.

Mateos Hernández indicó que la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México insta a todos los entes de la administración pública local a que realicen medidas de promoción del goce y ejercicio de derechos a favor de la igualdad y el trato digno para las personas integrantes de las poblaciones callejeras.

(ntx)