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Al hablar de eutanasia es imprescindible mirar hacia Holanda, un país que lleva más de treinta años debatiendo públicamente sobre la muerte digna, en un proceso largo, muy rico y complejo del que tenemos mucho que aprender.

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En este orden de ideas, actualmente el gobierno de ese país está considerando una ley que permitiría la muerte asistida para personas adultas mayores que sientan que “han completado su vida” o que “ya se han realizado”, pero que no necesariamente están desahuciadas por enfermedad.

La propuesta parte de la ministra neerlandesa de Sanidad, Edith Schippers, y del Ministro de Justicia, Ard van der Steur, quienes remitieron una carta conjunta a la Cámara baja en la que piden ampliar los supuestos en los que se puede aplicar la eutanasia, despenalizada en Holanda desde 2002, lo que ha levantado la polémica teniendo en cuenta los antecedentes de la propuesta.

Dado que el sentimiento de “vida realizada se presenta principalmente en las personas de edad”, el nuevo sistema les estará reservado a las personas mayores, afirmaron los dos ministros, aunque no precisaron a partir de qué edad se podría acceder a la eutanasia.

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El gobierno espera tener un proyecto de ley a finales de 2017, con asesoría de doctores, especialistas en ética y otros expertos, aunque tienen previsto que la propuesta provoque críticas de quienes consideran que la eutanasia se ha expandido más de lo previsto.

Actualmente, un paciente debe cumplir ciertos requisitos para solicitar la eutanasia, entre los que se encuentra el que al menos dos médicos confirmen que el enfermo padece de un sufrimiento inaguantable y sin perspectivas de mejora.

Entre los argumentos para ampliar los requisitos para una muerte asistida están que la ley actual se queda corta porque tiene una importante limitación, como basarse en fundamentos facultativos pero, según el Gobierno, también hay gente que desea terminar con su vida y padece un “sufrimiento inaguantable” sin una “base médica”.

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Los responsables gubernamentales señalan concretamente a ancianos que sufren por la pérdida de “sus seres queridos” o de “contactos significativos”, teniendo como resultado “fatiga” y “apatía”.

La nueva ley supondría la creación de una nueva profesión, una especie de “orientador” social con experiencia en el campo de la Medicina que evaluaría la solicitud del suicidio asistido.