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El pleno del Senado de la República aprobó una reforma constitucional en materia de justicia laboral que desaparece las juntas de conciliación y arbitraje, para en su lugar crear tribunales laborales que pertenecerán a los poderes judiciales federal y estatales.

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En el marco de la sesión ordinaria, se aprobó por 99 votos a favor la reforma impulsada por el Ejecutivo federal y que fue remitida a la Cámara de Diputados para su análisis.

De acuerdo con el dictamen, se transfiere la impartición de la justicia laboral -individual y colectiva- al ámbito del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de las entidades federativas, que hasta hoy compete a las juntas Federal y locales de Conciliación y Arbitraje.

Las nuevas instancias se agruparán bajo la figura de “tribunales laborales”, que ampliarán las tareas de conciliación, en un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo.

A ese organismo le corresponderá además el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados en ese tema.

El organismo encargado de los procesos en materia laboral contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Para la designación del titular de este organismo descentralizado, el Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores.

Se garantizará el voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la elección de sus dirigentes, la resolución de conflictos entre sindicatos y la solicitud de la celebración de un contrato colectivo de trabajo.

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García, manifestó que esta reforma plantea los elementos básicos de la transformación del derecho de acceso a la justicia del trabajo.

Ello, destacó, porque se afirma la distinción entre la función conciliatoria en los conflictos laborales y la función de impartición de justicia ante el surgimiento de posibles conflictos.

Mediante ese dictamen, se impulsa una nueva etapa en el derecho de acceso a la justicia en materia laboral, atendiendo a los trabajadores y la seguridad jurídica del gobierno, capital y trabajo.

Con ello, agregó, el país se distingue por la protección de los derechos de los trabajadores y la generación de condiciones para que en las relaciones obrero-patronales imperen criterios de justicia.

(ntx)