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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la recomendación 48/2016 al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, por irregularidades en la inhumación de 119 cadáveres en la comunidad de Tetelcingo, municipio de Cuautla.

cndh-tetelcingo

En un comunicado, el organismo nacional indicó que dicho documento también fue emitido para la Fiscalía General de esa entidad y al Ayuntamiento del Municipio de Cuautla, autoridades que han sido debidamente notificadas.

En la recomendación, señala que 119 cadáveres y diversas bolsas con restos humanos fueron inhumados de manera irregular en dos fosas también irregulares, sin apego a los protocolos establecidos y sin realizar acciones para conocer las causas de muerte e identificación.

Además de haberse hecho nugatorio el derecho de los familiares de cuatro personas a recibir los restos de sus seres queridos, toda vez que fueron inhumados sin su consentimiento.

El segundo visitador general, Enrique Guadarrama López, expuso que los restos mortales de todas las personas merecen ser tratados con respeto, y las circunstancias y condiciones de su fallecimiento deben ser determinadas por la autoridad.

Además de que “los familiares de una persona tienen derecho de conocer la verdad sobre la muerte de su ser querido, así como darle adecuada sepultura, conforme a sus creencias religiosas”.

Respecto a los 199 cadáveres, indicó que la autoridad competente sólo hizo llegar 99 carpetas de investigación a este organismo, las cuales mostraron irregularidades o deficiencias en su integración.

Ello porque en 44 casos hay indicios de muertes violentas y la autoridad fue omisa en continuar la investigación para identificar a los responsables, lo que propició impunidad.

Precisó que 15 de los cadáveres carecen de registro de necropsia de ley, 21 fueron identificados por su nombre y 98 están pendientes de identificación, lo que se complicará por el indebido manejo de los cuerpos y la falta de condiciones adecuadas durante su inhumación y posterior exhumación.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos puntualizó que lo anterior pone en evidencia la necesidad de establecer protocolos y normas de actuación unificadas en todo el país, a fin de tener el cuidado, preservación y manejo de restos humanos.

También, indicó, hay urgencia de contar con un banco genético de datos para avanzar en el esclarecimiento de los casos de desaparición que se tienen.

El organismo autónomo recomendó al gobierno estatal brindar la reparación integral del daño, la cual debe contemplar atención médica y psicológica a los familiares de las cuatro víctimas identificadas y cuyos cuerpos no fueron entregados a sus familiares.

Además, entre otras medidas, pidió hacer una compensación y/o indemnización justa; y que en coordinación con los municipios se recabe información de los terrenos utilizados como cementerios de manera irregular para su resguardo.

(ntx)