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Legisladores federales desahogarán las 352 demandas de juicio político acumuladas durante 14 años en la Cámara de Diputados, cuyos expedientes examinarán caso por caso y bajo el principio de prelación, es decir conforme fueron presentados ante el órgano legislativo.

camara diputados

En su primera reunión de trabajo, la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara baja aprobó por unanimidad el método para atender y dar salida a las denuncias contra servidores públicos federales, estatales y municipales en retiro y en funciones, así como de organismos autónomos y del Poder Judicial, almacenadas desde 2003.

La propuesta avalada establece que el análisis de los casos se dividirá en dos etapas: la primera, comprende las solicitudes recibidas durante la LIX, LX, y LXI legislaturas (de 2003 a 2012) y, la segunda, que se refiere a las LXII y LXIII legislaturas (2012-2016).

También acordaron que los expedientes se examinarán caso por caso y bajo el principio de prelación, es decir, conforme fueron presentados ante la Cámara de Diputados.

Durante el encuentro, el diputado Macedonio Támez, de Movimiento Ciudadano, propuso que el análisis empezara con las demandas de juicio político más recientes, pero el planteamiento fue desechado, debido al acuerdo previo que estableció la Junta de Coordinación Política que encabeza el perredista Francisco Martínez Neri.

La Subcomisión está encabezada conjuntamente por los presidentes de las comisiones de Gobernación, Mercedes del Carmen Guillén Vicente; y de Justicia, Álvaro Ibarra Hinojosa.

En entrevista, la priista Guillén Vicente consideró que dicha subcomisión debió formarse en otras legislaturas para evitar este rezago, y que el acuerdo y mecanismo aprobados corresponde a lo establecido previamente por la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Comentó que el juicio político “es un procedimiento muy largo, en el cual el primer paso es el análisis de cada solicitud en esta subcomisión. Si pasa tendría que ir al pleno de las subcomisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia”.

Luego, abundó, si se aprueba en esas tres comisiones “el expediente se remite a la Sección Instructora y de allí pasa al pleno de la Cámara de Diputados” y una vez aprobado por éste pasaría al Senado de la República.

Sin embargo, aclaró que “humanamente sí es posible desahogar las 352 solicitudes, considerando, además, que buena parte de ellos están prescritos y ello se desprenderá de las consultas jurídicas que iniciaremos el martes 11 de octubre”.

En cuanto a las posibles sanciones, explicó, van desde la inhabilitación o destitución del cargo, según sea el caso, de acuerdo a lo que establece la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La legisladora federal consideró que en un año será posible sacar esta cantidad de expedientes, debido a que muchos ya han prescrito.

(ntx)